El gobierno de Curazao no está de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional (AI), que lo señala de violar los Derechos Humanos de los inmigrantes venezolanos.
El primer ministro Gilmar Pisas hizo estos comentarios a Crónicas del Caribe en vísperas de una nueva visita de AI a Willemstad. Esta declaración también fue dada en una respuesta detallada a las preguntas formuladas por los miembros del Parlamento.
Pisas sostiene que la organización de derechos humanos se basa en 22 entrevistas a venezolanos, mientras que el mismo informe afirma que hay 17 mil venezolanos ilegales en la isla. Además, AI habló con varios organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG).
“El gobierno concluye que las historias de los entrevistados han sido utilizadas de una manera que no cuenta con nuestra aprobación. Falta el contexto o está incompleto, lo que pinta una imagen equivocada”, detalló.
Respeto a la leyAdemás, Pisas indica que los migrantes son recibidos con los brazos abiertos si pueden aportar al país, y si se respetan las leyes, reglamentos y las políticas locales.
“Es bueno mencionar que hay bastantes venezolanos que han solicitado un permiso en los últimos años y residen legalmente en la isla. También existe el proceso de Integración Responsable, por el cual los inmigrantes indocumentados todavía son admitidos legalmente”, expone Pisas. También señala que dada la magnitud del problema, se pidió a Holanda que fortalezca el proceso migratorio y que ese apoyo también se está dando.
Sobre la acusación de que los menores no reciben el trato que merecen señaló que para Curazao, “la protección de todos los menores es importante. Se han diseñado políticas específicas sobre el tratamiento de los hijos menores de inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, los niños que se encuentran en un barco de refugiados sin padres son admitidos en un internado y se contacta al Consulado para obtener información sobre los padres”.
Agregó que en otros casos encontraron a un menor cuyo progenitor ya vive indocumentado en la isla. «Es notable que tal padre a menudo no cumple con su responsabilidad y no se une al niño arrestado. Si hay menores de edad involucrados, el Consejo de Tutela siempre está involucrado”.
Término polémico
El primer ministro también indica que prefiere no hablar de refugiados cuando se trata de venezolanos indocumentados.
“Curazao no es parte de la Convención de Refugiados y asumimos que la palabra ‘refugiado’ es un término legal basado en la Convención de Refugiados. Aunque algunos organismos internacionales y países utilizan el término para categorizar a las personas de nacionalidad venezolana que han ingresado ilegalmente a nuestros países, el gobierno de Curazao no utiliza este término”, dice el primer ministro en su detallada respuesta.
Apunta que si Curazao suscribiera la Convención de Refugiados, esto implicaría una gran responsabilidad. Una responsabilidad que la isla no puede soportar. “Nos regimos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR) y en consulta con los Países Bajos, los procedimientos siempre se revisan y se aconseja a Curazao”.
La Guardia Costera refuerza su despliegue para detener a los balseros venezolanos, según detalla Crónicas del Caribe.
Curazao tiene que cumplir con el artículo 3 del ECHR, el cual establece que los inmigrantes indocumentados deben ser bien tratados. También establece que, si se puede demostrar que una persona está en peligro en su propio país, no puede ser deportada. Curazao cumple con eso.
Pisas indica que se hizo evidente que los venezolanos invocan el artículo 3 ECHR con la esperanza de ser liberados durante la investigación. Sin embargo, el gobierno no está obligado a hacerlo. También parece que, en espera de la investigación, muchos venezolanos eligen ser devueltos a su país. El primer ministro concluye de esto que a menudo no se trata de protección.
Además, si un venezolano logra encontrar a alguien en la isla que le sirva de garante, puede quedar en libertad mientras se investiga, pero con la obligación de informar.
Por: Agencias / Foto: Cortesía
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