El caso que pasó de ser tendencia regional a nacional en las redes sociales aún da que hablar, pues los cuerpos de seguridad desconocen la existencia de una orden de captura contra Gabriela Chacín, esposa de Tulio Enrique Faría Graterol, acusado de arrollar a José Antonio Mayor, quien posteriormente moriría en un centro asistencial.
Así lo informaron fuentes de la Policía del estado Zulia (CPEZ) a Foco Informativo que, además, recalcaron que solo está detenido Faría, y que no tienen información de una orden de captura contra la esposa del presunto homicida.
Trascendió que el tribunal que lleva el caso ordenó hacer un análisis de telefonía, mejor conocido como “barrido”, al celular del acusado.
Los expertos están a la espera de la orden para iniciar el trabajo que arrojará otros datos a la investigación que se lleva a cabo, y que tiene resonancia en redes en vista que el círculo cercano de Faría Graterol son los amigos de su esposa, conocida como Gaby Loops por la marca de su tienda de lazos, quienes también se denominan influencer.
Los hechos
En las redes sociales son muchas las hipótesis que se manejan sobre el arrollamiento de José Antonio Mayor, hecho ocurrido el pasado 8 de julio, y que la familia del fallecido llevó hasta las últimas consecuencias: descubrir a la persona que atropelló al deportista dándose luego a la fuga.
Un video publicado por Adriana Mayor, hermana de José Antonio, la noche del domingo 28 de agosto, reveló que ya el culpable estaba identificado dejando claro que «no se puede permitir tener guantes de seda ante una actuación en la que fue evidente la omisión al socorro».
Tulio Enrique Faría Graterol, un empresario oriundo de Los Puertos de Altagracia, se entregó a las autoridades la mañana del pasado domingo en compañía de su abogada, según reseña la minuta policial, a la que tuvo acceso Foco Informativo, emanada por el Grupo de Respuesta Especial del Cuerpo de Policía del estado Zulia.
El lunes, Faría Graterol fue presentado ante tribunal sexto de control que lo privó de libertad por homicidio intencional a título de dolo eventual, un delito que tiene una pena de hasta 18 años de cárcel. El responsable cumple con lo dictado por el tribunal en la sede del ERE, ubicada en el sector Los Patrulleros.
Por: María Gabriela Villalobos / Foto: Cortesía